La Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito permite que estudiantes de octavo y noveno semestre del Colegio de Jurisprudencia, bajo la supervisión de profesores clínicos, trabajen en casos reales de interés público relacionados con derechos constitucionales, humanos, ambientales y administrativos, con el objetivo de generar cambios legales y sociales de alto impacto; a lo largo de su trayectoria ha logrado importantes decisiones judiciales a nivel nacional e internacional, y durante el último año académico atendió 9 casos cerrados, abrió 15 nuevos, mantuvo 61 en proceso y benefició a 178 estudiantes en su formación práctica.
Responder a necesidades de la sociedad a través del patrocinio de casos y manejo de problemas reales de interés público, integrando en este esfuerzo a estudiantes y profesores de jurisprudencia y colaborando con otras organizaciones de la sociedad civil.
16. Paz, justicia e instituciones sólidas
Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas
La existencia de espacios académicos que integren la formación jurídica con la atención de problemáticas reales de la sociedad resulta fundamental para fortalecer el acceso a la justicia y la defensa de los derechos humanos. A través del patrocinio y litigio estratégico de casos de interés público, este proyecto permite abordar problemáticas estructurales que afectan a amplios sectores de la población, incidiendo en la modificación de normas, políticas públicas y prácticas institucionales en ámbitos como el derecho constitucional, administrativo, ambiental, del consumidor y los derechos humanos. Al mismo tiempo, promueve una formación práctica e integral para los estudiantes de jurisprudencia, quienes desarrollan habilidades profesionales, pensamiento crítico y compromiso social mediante el manejo de casos reales bajo la supervisión de profesores especializados. De esta manera, el proyecto no solo responde a necesidades concretas de la comunidad, sino que también genera impactos duraderos que benefician a grupos de atención prioritaria y a la sociedad en general, contribuyendo al fortalecimiento del Estado de derecho y a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.
Personas y comunidades que enfrentan vulneraciones de derechos o barreras de acceso a la justicia, grupos de atención prioritaria como niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia, personas migrantes o refugiadas, consumidores y ciudadanos afectados por prácticas o normativas injustas, así como amplios sectores de la sociedad ecuatoriana que se benefician de los cambios legales, precedentes judiciales y mejoras institucionales generadas a través del litigio de casos de interés público; adicionalmente, los estudiantes de jurisprudencia que participan en el proceso formativo también se benefician al fortalecer sus competencias profesionales, éticas y su compromiso social.
Los beneficiarios directos superan las 300 personas, aunque el alcance real es mucho mayor y difícil de cuantificar debido al efecto extendido de los casos de interés público, ya que dependiendo del tipo de litigio los beneficios pueden alcanzar a centenares o miles de personas (como víctimas de violencia de género o de violencia institucional contra niños, niñas y adolescentes cuando se desarrollan protocolos para su atención) e incluso a toda la población dentro de la jurisdicción ecuatoriana cuando se logra la inconstitucionalidad de leyes ante la Corte Constitucional, así como a víctimas de violaciones similares en el ámbito internacional; de esta manera, el proyecto busca que los resultados de cada caso trasciendan al beneficiario individual y generen cambios normativos y precedentes que impacten de forma sostenida a amplios sectores de la sociedad, como ha ocurrido con la eliminación del servicio militar obligatorio, la ampliación de la definición de refugiado o precedentes judiciales relacionados con el acceso a tratamientos médicos para enfermedades catastróficas.
