Las mujeres dentro de la esfera electoral: paridad y violencia política de género

 

Angie Gancino ^[1]

Las mujeres dentro de la esfera electoral: paridad y violencia política de género

Históricamente, las mujeres han tenido que esforzarse el doble para alcanzar espacios de participación y reconocimiento en la sociedad. Tuvieron que luchar por la obtención de derechos, por ser tomadas en cuenta, por que sus opiniones sean escuchadas y por ocupar un lugar tanto en la esfera pública como privada. Sin embargo, a pesar de estos avances y esfuerzos constantes, aún resulta incierto que las opiniones y capacidades de las mujeres sean plenamente reconocidas.

Si bien se ha logrado conseguir la paridad de género en diversos ámbitos, e incluso este principio se encuentra reconocido en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código de la Democracia^[2]. Queda por determinar si existe una verdadera voluntad de que las mujeres ocupen espacios de poder, o si dichas disposiciones se cumplen únicamente como obligación legal y como una estrategia para captar el respaldo de este sector de la población. De hecho, en el ámbito electoral ecuatoriano pueden observarse las limitaciones existentes entre la paridad formal y la participación efectiva de las mujeres en puestos de poder. Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha impulsado mecanismos orientados a garantizar la paridad de género en las candidaturas, en la práctica esta participación continúa siendo desigual. En procesos electorales anteriores, muchas mujeres han integrado las listas ocupando cargos secundarios, como candidatas a la vicepresidencia, viceprefectas o vicealcaldías, mientras que todavía pocos son los casos en los que encabezan candidaturas como figuras principales. Ecuador, por ejemplo, solamente ha tenido una presidenta mujer, Rosalía Arteaga, quien asumió el cargo en 1997 tras la destitución de Abdalá Bucaram, pero que tras dos días en el cargo fue reemplazada por el entonces presidente del Congreso, Fabián Alarcón.

Esta situación refleja que, aunque la normativa promueve una representación equilibrada, persisten patrones políticos que relegan a las mujeres a posiciones subordinadas dentro de las estructuras de poder. Además, incluso cuando logran acceder a cargos de relevancia, las mujeres continúan enfrentando cuestionamientos sobre su capacidad y legitimidad, así como comentarios machistas que buscan desacreditar su liderazgo; de hecho, este último punto incrementa en la era digital actual, y en época de campaña crece exponencialmente.^[3] Es así que, la participación política femenina no solo enfrenta barreras para alcanzar estos espacios, sino también obstáculos para ejercerlos plenamente en condiciones de igualdad.

Por ello, es necesario permanecer alerta a los posibles casos de violencia política de género, la cual ha sido definida y tipificada en textos como la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos contra las Mujeres, impulsada por el Mecanismo de seguimiento a la Convención Belém do Pará (MESECVI), en donde se señala que:

Tanto la violencia, como el acoso, políticos contra las mujeres, pueden incluir cualquier acción, conducta u omisión entre otros, basada en su género, de forma individual o grupal, que tenga por objeto o por resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir sus derechos políticos, conculca el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a participar en los asuntos políticos y públicos en condiciones de igualdad con los hombres; Que la violencia y el acoso políticos contra las mujeres impiden que se les reconozca como sujetos políticos y por lo tanto, desalientan el ejercicio y continuación de las carreras políticas de muchas mujeres; [...] Que la utilización de la violencia simbólica como instrumento de discusión política afecta gravemente al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres; [...] Que la violencia y el acoso políticos contra las mujeres pueden ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política: en las instituciones estatales, en los recintos de votación, en los partidos políticos, en las organizaciones sociales y en los sindicatos, y a través de los medios de comunicación, entre otros.^[4]

En ese sentido, se han podido evidenciar varios casos dentro del país, por ejemplo: 1) la vicealcaldesa de Paltas, Yeniffer López, denunció al alcalde Jorge Luis Feijoo por acciones como impedirle ejercer la subrogación, modificar la ordenanza para removerla del cargo y bloquear las facultades de fiscalización de la vicealcaldesa; 2) en 2025 el ex presidente Lucio Gutiérrez recibió sanciones por dirigirse de manera discriminatoria contra la ex alcaldesa Elsa Guerra en un debate electoral; 3) el caso de la asambleísta Liliana Durán, quien denunció a Andrés Castillo por discriminación en cuanto a su edad, ya que en un debate en el Pleno de la Asamblea, Andrés Castillo dijo: “Le ruego a la presidenta del club de la lectura que se calle, se le va a volar la dentadura”, comentario dirigido a Durán.^[5]

Y, además, dentro de esta problemática existe otro punto importante, la participación política. En la esfera electoral se puede encontrar la instrumentalización de las mujeres en términos de su participación, donde se las incluye en las listas electorales para cumplir con los requerimientos legales, una estrategia para que se pueda avalar la inscripción del partido sin que necesariamente se redistribuye el poder; lo que comúnmente se conoce como cumplimiento de cuotas. Por tanto, estos mecanismos llegan a considerarse legítimos, pero sin transformar en realidad la estructura de poder. Se puede ver a una mujer en la papeleta de votación, pero sin un apoyo político y con menor presupuesto de campaña en algunos casos.

En consecuencia, el escenario no es fácil ni el mejor posible. Las mujeres que deciden habitar esta esfera luchan con una infinidad de obstáculos, antes, durante y después. No se puede hablar sobre una democracia representativa e inclusiva cuando la paridad de género no es más que una cuota por cumplir. Como señala Line Bareiro, para alcanzar una democracia paritaria se requiere transformar el aparataje electoral y las estructuras de poder, lo que permitirá garantizar una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.^[6]

Claro está, que existen algunos ejemplos de mujeres que llegaron a adentrarse en esta esfera y han tenido mucho apoyo popular, pero cada una es un caso de estudio muy particular. Por ejemplo, la ex candidata presidencial Luisa González tuvo el apoyo de uno de los partidos más grandes en Ecuador, la Revolución Ciudadana, que socialmente evoca al ex presidente Rafael Correa, quien aún sigue siendo una figura controversial en el país. Aquí, convergen muchas aristas para que esto funcionara y la candidata haya logrado pasar a segunda vuelta, entre ellas: el partido político con el que se postuló, su posicionamiento como aliada de Rafael Correa y, el carácter fuerte que ostentó; pues, una mujer no gana votos siendo demasiado “emocional”. Entonces, si bien es un ejemplo de que las mujeres pueden postularse como candidatas principales, no podemos dejar de analizar el marketing político que influye en ello y que, a su vez, se adapta a las estructuras patriarcales.

Ergo, en este nuevo espacio electoral que se abre para finales de 2026 en Ecuador, es importante reflexionar sobre las dinámicas del juego político y su impacto en la vida de las mujeres. La democracia, y la política en general, han sido espacios masculinizados, dentro de los cuales las mujeres han enfrentado mayores dificultades para abrirse camino. En los próximos meses se conocerán de manera oficial las candidaturas inscritas, lo que permitirá observar cuántas de ellas estarán encabezadas por mujeres, especialmente dentro de un sistema multipartidista. Este análisis resulta relevante si se considera que la democracia es un derecho humano de carácter colectivo y político, por lo que su ejercicio debe garantizarse de manera efectiva e igualitaria para todas las personas.