Regular la protesta en Bolivia: ¿Garantía democrática o camino hacia la criminalización?

Ana Valentina Rendón Vidales ¹

En Bolivia, el derecho a la protesta se consagra en una expresión histórica de participación política que se manifiesta mediante cabildos, marchas, huelgas y de forma emblemática, mediante bloqueos de carreteras. Al respecto, la Constitución Política del Estado del 2009, aunque no define expresamente el derecho a la protesta, lo reconoce a través de las libertades de expresión, reunión y asociación, que sirven de base para su ejercicio.

Tal como refieren los estándares universales e interamericanos, la protesta es un derecho derivado de dichas libertades, al ser un elemento estructural para la democracia.² La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) refiere que constituye una vía esencial para visibilizar demandas, especialmente en sociedades con desigualdades estructurales como la boliviana. Por ello, la protesta se presume legítima y está fuertemente protegida en contextos donde ciertos sectores carecen de acceso a medios institucionales de participación.³

Pero ¿qué ocurre cuando una protesta no es completamente pacífica? La CIDH estableció que la presencia de hechos de violencia cometidos por individuos no despoja de protección al conjunto de la manifestación, y en caso de detenciones, los Estados deben determinar la responsabilidad respecto de la decisión que autorizó las mismas.⁴ De tal manera que, los actos violentos deben ser atribuidos de forma individual y no colectiva, para evitar respuestas estatales indiscriminadas que anulen el derecho a protestar.

Lo cual es coherente con el principio de presunción de legitimidad, más aún en Bolivia, donde las brechas de desigualdad históricamente limitaron la participación de ciertos sectores.⁵ Ahora bien, la previsión convencional de su ejercicio “pacífico” no autoriza a criminalizar modalidades disruptivas como los bloqueos de carreteras; pese a que generen molestias en la vida cotidiana. Al respecto, en Bolivia se discute un Proyecto de Ley de Regulación de la Protesta Social (2024), que incorpora categorías vagas como “afectación moderada” o “obstrucción de la circulación”.⁶ Estas normas ambiguas vulneran el principio de legalidad y abren la puerta a una aplicación extensiva del derecho penal.⁷

La Corte IDH ha establecido que los Estados no solo tienen el deber de tolerar la protesta, sino la obligación de garantizarla.⁸ Esto implica un deber de prevención ante abusos policiales o agresiones por parte de terceros.⁹ Asimismo, se deben generar condiciones para que las personas se expresen sin temor a represalias o estigmatización, especialmente en contextos de alta polarización política, donde la intervención policial debe ser excepcional y limitada, en estricto apego a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.¹⁰

Las protestas ocurridas en Bolivia entre junio y julio de 2025 derivaron en bloqueos de carreteras y enfrentamientos que dejaron un saldo de 8 muertos y 173 heridos.¹¹ Ante ello, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) encomendó distinguir entre manifestantes pacíficos y personas que cometen actos violentos, con el fin de no reprimir toda manifestación ni criminalizar a quienes ejercen su derecho.¹² Los Estados no pueden imponer una dispersión preventiva sin criterios, ni calificar protestas arbitrariamente como sedición o terrorismo.¹³

Limitar la protesta mediante leyes punitivas constituiría un retroceso democrático para Bolivia. Es obligación del Estado contener la violencia sin anular la protesta misma, regulando las obligaciones de la policía mediante protocolos que limiten el uso de armas letales, conforme a los principios de las Naciones Unidas.¹⁵ La prohibición generalizada de interrupciones razonables equivaldría a suprimir el derecho en la práctica.¹⁶

En definitiva, el desafío en Bolivia es responder a un contexto real donde la protesta existe porque los canales institucionales no siempre son eficaces. Cualquier iniciativa de regulación debe permitir distinguir entre quienes ejercen derechos y quienes cometen delitos, garantizando un Estado diligente que respete la dignidad humana.¹⁷