Seguridad y Derechos Humanos: Origen de la crisis de inseguridad en Ecuador

En respuesta al aumento de la violencia y el crimen organizado, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mediante el Decreto Ejecutivo Nro. 111, reconoció un conflicto armado interno en el país. Este decreto otorga a las Fuerzas Armadas la potestad de realizar operaciones militares para neutralizar grupos criminales considerados organizaciones terroristas, entre ellos Los Choneros, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, El Cuartel de las Feas, Covicheros y Cubanos.^[1]

Comprender los motivos que llevaron a esta declaración requiere analizar la actual crisis de inseguridad en Ecuador, sus raíces y factores determinantes. Sin embargo, un estudio exhaustivo de estos orígenes rebasa los objetivos de este trabajo.

Las nuevas amenazas a la seguridad regional han sido reconocidas oficialmente en la Declaración sobre Seguridad en las Américas, donde se establece que los Estados del Hemisferio enfrentan tanto amenazas tradicionales a la seguridad como nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos que, por sus características complejas, han determinado que la seguridad tenga un carácter multidimensional.^[2] El crimen organizado, en este sentido, abarca todas las actividades ilícitas llevadas a cabo por organizaciones criminales y bandas territoriales, incluidas aquellas que recurren a la violencia armada.

Entre las principales causas de esta crisis se encuentran la pobreza y la desigualdad social, que han creado un entorno propicio para el auge de la criminalidad. La falta de oportunidades, la débil presencia estatal y el déficit de servicios públicos han agravado esta situación. Estudios evidencian que a medida que disminuye la prosperidad, aumentan las actividades delictivas^[3]. El caso de Édison Washington Prado Álava, alias 'Gerald' demuestra la historia de muchos ecuatorianos, criado en un entorno familiar disfuncional y marcado por la pobreza extrema en Manta donde se vio marginado desde temprana edad; la ausencia paterna y los abusos sufridos lo condujeron a una vida en las calles, donde desarrolló conductas antisociales.^[4]

Otra causa es la seguridad pública deficiente, con limitaciones presupuestarias por un déficit de recursos, contaminación de algunos policías y militares^[5], así como una politización de la seguridad por personas sin mayores conocimientos en el tema que ocasionaron eventos como el desmantelamiento de los sistemas de inteligencia que contaba el país a raíz del impase internacional con Colombia en Angostura, la adquisición de radares de procedencia China que no cumplieron con las expectativas^[6] y la no renovación del Convenio con los Estados Unidos para la Base Militar de Manta, cuyo acuerdo fue firmado a finales de 1999, donde se concesionó por diez años el derecho de acceso y uso por parte de Estados Unidos, de las instalaciones militares en la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la ciudad Manta. Los datos demuestran que la Forward Operating Location (FOL) tuvo un efecto disuasivo con los valores totales de las incautaciones de droga.^[7]

La posición geográfica de Ecuador también ha contribuido al problema, convirtiéndolo en un punto estratégico para el tráfico de cocaína. El auge de la producción en Colombia y la evolución del consumo a nivel mundial han incrementado la importancia del país como puente hacia mercados tradicionales como Estados Unidos, y emergentes en Europa y Asia. Las cifras de incautaciones de cocaína reflejan esta tendencia, con un récord de 210 toneladas en 2021 y cerca de 180 toneladas en 2022, confirmando la consolidación de Ecuador como una ruta clave del narcotráfico.^[8]

El sistema judicial ha demostrado ser otro eslabón débil en esta crisis. La corrupción a través de fallos arreglados, casos de desaparición o interrupción de investigaciones, una injerencia política incluso al más alto nivel, falta de recursos para la función judicial y una contaminación de jueces y fiscales.^[9] Casos como el denominado 'Metástasis', ha revelado la participación de altos funcionarios como el expresidente del Consejo de la Judicatura, un exfuncionario de la Corte Nacional de Justicia, funcionarios de cortes provinciales de justicia, de fiscalía, así como de servidores de la Policía Nacional incluido un exgeneral y diferentes abogados en libre ejercicio.^[10]

Por último, el estudio del crimen organizado nos lleva a analizar los miembros de las pandillas, que incluye a menores entre los 13-16 años,^[11] las cuales incluso tienen vinculaciones extranjeras con carteles de México y Colombia.^[12] Otro factor determinante que altero la funcionalidad del territorio ecuatoriano en el tráfico internacional de drogas fue el efecto del Plan Colombia, lo que llevo a que las agrupaciones criminales colombianas se desplazaran, paulatinamente, parte de sus cargamentos hacia el territorio ecuatoriano.^[13]

El alarmante aumento de la violencia no solo representa una grave violación de los derechos humanos, sino que también socava los cimientos del orden social. Por un lado, la violencia impide que el Estado cumpla con su obligación fundamental de proteger los derechos de sus ciudadanos, como el derecho a la vida, la seguridad y la integridad personal. Por otro lado, la escalada de violencia genera un clima de inestabilidad e inseguridad que afecta la cohesión social y la confianza en las instituciones. Esta situación pone en riesgo la sostenibilidad del orden social y dificulta el desarrollo de una sociedad justa y equitativa.^[14]>

Para garantizar el bienestar general de la sociedad, los Estados deben crear condiciones de seguridad, y la defensa nacional es un pilar fundamental en este proceso. Las políticas de defensa no solo fortalecen la capacidad del Estado para protegerse, sino que también fomentan una cultura de seguridad y prevención de conflictos. Y, al mismo tiempo, el respeto a los derechos humanos se debe tornar el eje principal de la seguridad, reemplazando una seguridad nacional por una verdadera seguridad integral.^[15]

Bibliografía

Fiscalía General del Estado. 2024. "Caso Metástasis." Disponible en https://www.fiscalia.gob.ec/caso-metastasis/. Último acceso: 18 de diciembre de 2024.

InSight Crime. 2024. "Los Choneros." Disponible en https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-ecuador/los-choneros/. Último acceso: 19 de diciembre de 2024.

Presidencia de la República del Ecuador. 2024. Decreto Ejecutivo Nro. 111. 9 de enero de 2024, art. 4.

Centro Andino de Acción Popular. 1993. "Delincuencia, narcotráfico y población penitenciaria en el Ecuador." Ecuador Debate 28. Disponible en http://hdl.handle.net/10469/9134.

Velasco, Alfonso. 2022. "Capacidad del estado para combatir y/o neutralizar las nuevas amenazas híbridas." Revista Academia de Guerra del Ejército Ecuatoriano 15. https://doi.org/10.24133/AGE.N15.2022.03.

Organización de los Estados Americanos. 2003. Declaración sobre Seguridad en las Américas. Ciudad de México, 28 de octubre de 2003.

Corte Constitucional del Ecuador. 2022. Dictamen 4-22-RC/22 (Voto Salvado). 12 de octubre de 2022.

Comité Internacional de la Cruz Roja. 2011. "El derecho internacional humanitario y los desafíos de los conflictos armados contemporáneos." Informe 31IC/11/5.1.2, octubre de 2011.

Posada, Juan Diego, y Lara Loaiza. 2023. "Las 4 razones de la crisis de seguridad en Ecuador." InSight Crime. Disponible en https://insightcrime.org/es/noticias/4-razones-crisis-seguridad-ecuador/. Último acceso: 20 de diciembre de 2024.

Herrera, Katherine. 2024. "Doble criminalización en cantones de 'alta peligrosidad' en Ecuador: un análisis in situ." Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS).

Altamirano, Luis. ¿De la paz a la guerra? Evolución del crimen en Ecuador.

Levoyer Escobar, Richelieu. 2024. "Intervención de Fuerzas Armadas en ámbitos de seguridad interna a partir de la reforma constitucional de 2024." Trabajo de fin de carrera, Universidad San Francisco de Quito.

Borja, Sonia. 2023. "Base militar estadounidense de Manta y la Influencia de su instalación y retiro en la percepción de los habitantes ecuatorianos." Investigación & Negocios 27. https://doi.org/10.38147/invneg.v16i27.200.

United States v. Prado Alava. 2018. Corte del Distrito Sur de Florida. 13 de diciembre de 2018.