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María Isabel Mora [1] En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos el Estado se encuentran en una “posición de garante” para con las personas privadas de la libertad. Esa posición del Estado con la población se predica de sus derechos humanos [2], junto con el acceso a bienes y servicios. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte

Mgs. Kassandra Mishell Andrade Tapia [1] En Ecuador existe como medida de protección señalada en el Art. 232 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA), el acogimiento institucional [2], la cual constituye una medida de ultima ratio ya que priva a los NNA de su entorno familiar a causa de encontrarse en situaciones de vulnerabilidad. La entidad acogiente tiene

Shamira Ortiz Mercado [1] Entre los años 2010 y 2024, el pueblo Awajun, considerado como el segundo pueblo indígena u originario amazónico demográficamente más numeroso del Perú 2, se empezaron a reportar cuantiososcasos de violencia sexual contra las niñas y adolescentes de la comunidad. Estos hechos han confirmado que hasta el momento sigue existiendo con tal gravedad una desigualdad estructural

Domenica Negrete [1] Hablar de garantismo penal en la actualidad constituye un reto para quienes sostenemos que los derechos humanos representan el fundamento indispensable para la construcción de una sociedad justa y pacífica. El garantismo penal y los derechos humanos mantienen una relación estructural, en tanto ambos buscan limitar el ejercicio del poder estatal y proteger a la persona frente

Alejandra Lasso Placencia [1] La transformación digital y el avance tecnológico del siglo XXI ha cambiado significativamente los medios y métodos utilizados en los conflictos armados. Antes, los datos tenían un papel secundario y podían conseguirse únicamente a través de complejas redes de espionaje e inteligencia. Hoy, en cambio, el ecosistema digital permite un acceso más sencillo y directo a

Richelieu Levoyer Escobar En respuesta al aumento de la violencia y el crimen organizado, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mediante el Decreto Ejecutivo Nro. 111, reconoció un conflicto armado interno en el país. Este decreto otorga a las Fuerzas Armadas la potestad de realizar operaciones militares para neutralizar grupos criminales considerados organizaciones terroristas, entre ellos Los Choneros, Caballeros Oscuros